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Crimen y castigo

La pena de muerte

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Más de la mitad de los países han abolido la pena capital. Japón y los Estados Unidos la mantienen en su legislación, aunque no ha demostrado mayor poder disuasorio que la reclusión perpetua. En la Argentina está derogada para los delitos ordinarios, pero hay quienes reclaman su aplicación en algunos casos.

Los familiares de las víctimas de homicidio que piden que las vidas de los asesinos sean perdonadas por piedad merecen respeto, al igual que los familiares perturbados por el dolor que piden venganza", sostiene Amnistía Internacional, la organización en favor de la abolición de la pena de muerte más importante del mundo. 

Aunque este castigo no está contemplado en el Código Penal ordinario de la Argentina (recuadro), en 1990 el presidente Carlos Menem envió al Congreso un proyecto para que se la aplicara a criminales como los que secuestraron y asesinaron al hijo del sindicalista Diego Ibáñez. "Estos individuos no merecen vivir en las cárceles ni en comunidad", dijo en esa oportunidad. Volvió a reclamarla en 1994 para los narcotraficantes, los condenados por violación seguida de muerte, y en 1996, cuando Fabián Tablado mató a su novia de ciento trece puñaladas. 

Hace unas semanas el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, también volvió a pronunciarse en favor de la pena capital para los delitos considerados "gravísimos". 

Incluso hay quienes piensan que la ejecución debería ir acompañada de sufrimiento previo, como la diputada neuquina Norma Miralles. "Es poco matar a un condenado de un tiro, porque en definitiva no sufre -afirmó Miralles en unas declaraciones de las cuales después se arrepintió-. Yo lo haría sufrir un poco más. Los que delinquen no merecen seguir viviendo porque no pueden reinsertarse en la sociedad. Yo visité algunos países árabes y allí la gente anda derechito, nadie roba, nadie te molesta y no hay droga, porque si te encuentran un poquitito de droga, te cortan la cabeza." 

A favor y en contra

Sin embargo, incontables juristas de todo el mundo reconocen que la pena de muerte no puede conciliarse con el respeto a los derechos humanos, y las propias Naciones Unidas se han declarado en favor de su abolición. "Quitarle la vida a un ser humano -reflexiona V. R. Krishna Iyer, ex magistrado del Tribunal Supremo de la India-, aun cuando se haga mediante ritos formalistas y con la sanción de la ley, es un acto de crueldad retributiva y de violencia gratuita."

La Iglesia Católica tiene su propio punto de vista: en la nueva versión de su Catecismo dice que "la enseñanza tradicional de la Iglesia (…) no excluye el recurso a la pena de muerte, cuando fuese la única vía practicable para defender eficazmente del agresor injusto la vida de seres humanos", pero requiere "la plena determinación de la identidad y responsabilidad del culpable". Concluye que "hoy, de hecho, como consecuencia de las posibilidades de que dispone el Estado para reprimir eficazmente el crimen (…) los casos de absoluta necesidad de supresión del reo son ahora muy raros, si no son incluso prácticamente inexistentes".

En la actualidad, cincuenta y siete países han suprimido la pena de muerte para todos los delitos, quince para crímenes ordinarios y otros veintiséis son abolicionistas de hecho porque, aunque conserven la pena capital en su legislación, no han realizado ejecuciones en los últimos veinte años. Durante la última década se abolió la pena de muerte a razón de un país por año, pero todavía quedan noventa y cinco que sí la aplican. El economista estadounidense Isaac Ehrlich, uno de los especialistas más citados por los partidarios de la pena de muerte, realizó un estudio para demostrar que ese castigo tenía un claro efecto disuasorio en su país y concluyó que, en la década del 60, los homicidios habían aumentado, mientras disminuían las ejecuciones. "Una ejecución adicional al año durante el período en cuestión -advirtió- podría haber dado como resultado unos siete u ocho asesinatos menos." Su teoría no ha sido científicamente testeada; ni siquiera se comprobó que tal condena sea eficaz para reducir la delincuencia o la violencia política. En Canadá, el índice de homicidios cada cien mil habitantes disminuyó de un máximo de 3,09 en 1975 -año anterior a la abolición de la pena de muerte por asesinato- a 2,74 en 1983, y en 1986 alcanzó su nivel más bajo en quince años. En Nigeria, un profesor de Derecho Penal y Criminología comparó las cifras de asesinatos y ejecuciones entre 1967 y 1985 y encontró que "los casos de asesinato aumentaron durante la mayor parte de ese período", a pesar de que el homicidio había sido penado con la muerte. El robo a mano armada también se incrementó desde que, en 1970, se lo había declarado delito capital. 

En más de veinte países se quita la vida a quienes se ven envueltos en el consumo o tráfico de drogas, pero tampoco hay pruebas fehacientes de que esa medida haya disminuido el flagelo. Según Amnistía, en Malasia el número de adictos creció desde que, en 1983, se estableció la pena de muerte para castigar este tipo de delitos. 

Las ejecuciones incluso podrían llegar a fomentar más violencia. Así lo sugieren algunas investigaciones, como un estudio estadounidense que analizó las tasas mensuales de asesinato en el estado de Nueva York entre 1907 y 1963. En promedio, se registraron dos homicidios más en el mes inmediatamente posterior a una ejecución. Este aumento momentáneo se debería a un efecto "embrutecedor", un fenómeno similar al que se produce con otras acciones violentas que se hacen públicas, como suicidios, asesinatos en masa o atentados.

Lapidación, horca y silla eléctrica

Las formas de ejecución varían según la legislación, las costumbres y hasta las convicciones religiosas. De acuerdo con la Shariah, la ley islámica, los familiares de las víctimas tienen derecho a elegir cómo se castigará al culpable de un asesinato. Irán es uno de los seis países que prevé la lapidación. Otros procedimientos son el de ser enterrado hasta el cuello o aplastado hasta morir y la decapitación. En 1987 tres reos fueron arrojados por un precipicio. 

En Bangladesh, desde 1992 se han practicado, sin sanción oficial, la flagelación, la incineración y la lapidación. La decapitación, empleada tanto en Arabia Saudita como en Qatar, y prevista en la legislación del Yemen y de los Emiratos Árabes Unidos, está considerada como una de las técnicas "más humanitarias" de ejecución. Aunque la intención es provocar rápidamente la inconsciencia, pueden ser necesarios varios golpes cuando el verdugo no actúa con eficacia. 

Una variante de la decapitación es la guillotina, máquina que cuenta con algunos antecedentes, pero cuya invención se atribuye al médico Joseph Ignace Guillotin en 1789. Se la usó por última vez en Francia en 1977; cuatro años más tarde ese país abolió la pena de muerte para todos los delitos. 

La horca y el fusilamiento son las dos formas más difundidas de ejecutar a una persona. China es el país líder en el uso de la horca. Sólo en 1993 se llevaron a cabo 1.419 ejecuciones y los tribunales dictaron más de 2.564 penas capitales. No siempre resulta un final rápido: en 1981 un tailandés ajusticiado en Kuwait debió soportar unos nueve minutos de agonía porque su poco peso no fue suficiente para romperle el cuello. Murió por estrangulamiento.

Cuando en 1888 surgió la silla eléctrica en los Estados Unidos, se aseguró que causaría menor sufrimiento que la horca. Aunque la primera descarga de electricidad debería hacer que el preso quedara inconsciente, a veces eso no pasa. En 1946 un tal Willie Francis sobrevivió al primer intento. "Accionaron el interruptor -refirió un testigo- y vi cómo los labios del condenado echaban aire y se hinchaban. Entonces, al darse cuenta de que no moría, el encargado gritó que le dieran más corriente, pero la ejecución se suspendió." Francis sintió una quemadura en la cabeza y en la pierna izquierda y saltó tirando de las correas. La siguiente electrocución se realizó un año más tarde y Francis ya no pudo volver a contarlo. Al igual que sucede con otros métodos de ejecución, los órganos vitales pueden seguir funcionando durante algún tiempo, esté o no inconsciente el reo. Fue el caso de Jimmy Lee Gray, ajusticiado en la cámara de gas en 1983, en Mississippi: una vez liberado el gas cianuro que debía envenenarlo, tuvo convulsiones durante ocho minutos y se golpeó repetidas veces la cabeza contra una columna que estaba detrás de él. Algunos testigos afirmaron que no parecía estar muerto cuando lo sacaron de la cámara. 

La inyección letal fue aprobada legalmente por primera vez en 1977, en los estados de Oklahoma y Texas. Pretende ser el procedimiento menos doloroso y se lo ha usado en la mitad de las doscientas cuarenta y nueve ejecuciones cumplidas en los Estados Unidos desde 1976 hasta 1994. Su acción se basa en el uso conjunto de tres sustancias: pentotal sódico, bromuro de pancuronio y cloruro potásico. La primera es un barbitúrico que hace perder el conocimiento al preso; la segunda, un relajante muscular que paraliza el diafragma y así impide la respiración; la tercera provoca un paro cardíaco. Pero ningún método es infalible. Cuando a James Autry se le suministró una inyección letal en Texas, en 1984, según la revista Newsweek "tardó por lo menos diez minutos en morir y durante la mayor parte del tiempo permaneció consciente y quejándose del dolor". Un médico de la prisión explicó que tal vez la aguja del catéter se había obstruido y eso habría retardado la operación. 

Claroscuros

El año pasado más de cuatro mil presos, distribuidos en treinta y nueve países, fueron ejecutados. Para Amnistía Internacional, en determinados lugares la pena capital se aplica en forma discriminatoria: según esa organización sus víctimas son a menudo opositores políticos, miembros de minorías raciales o étnicas y personas de escasos recursos. 

En algunos países, como Bangladesh, Pakistán o los Estados Unidos, se castiga con la muerte a presos que cuentan menos de dieciocho años en el momento de la comisión del delito. Además, no es raro que entre los condenados figuren deficientes mentales. En 1993 se le aplicó la inyección letal a Johnny Garrett, un psicótico crónico sentenciado por la violación y el asesinato de Tadea Benz, una monja de setenta y seis años. La ejecución se cumplió a pesar de las solicitudes de clemencia de Juan Pablo II, la comunidad religiosa de Texas (estado que condenó a Garrett) y la congregación a la que pertenecía la hermana Tadea. 

Muchas veces el acusado, como muestra la película Mientras estés conmigo, recibe pésima asistencia legal. En Norteamérica incluso hay casos de abogados que se duermen en los estrados, se presentan borrachos o venden los derechos de la historia de su cliente al cine. En ese país ocurre algo curioso: mientras una encuesta indica que 78 por ciento de sus habitantes apoyan la pena de muerte, otro sondeo concluye que la mitad de los norteamericanos piensa que este castigo carece de valor disuasorio, y 60 por ciento opina que un sentimiento de venganza no es una razón legítima para condenar a muerte. Al mismo tiempo, uno puede escuchar declaraciones como la de Dianne Clements, miembro de la organización Justice For All (Justicia para todos), quien sostiene que la pena capital "puede ser la única oportunidad de lograr la salvación eterna para muchos de los condenados". Justice For All considera que los familiares de las víctimas tienen derecho a presenciar la ejecución de sus asesinos. En 1996 Linda Kelley fue la primera en hacerlo con el homicida de sus dos hijos. "La cara de ese hombre fue lo último que Kara y Mark vieron antes de morir -explicó. Quiero que la mía sea lo último que él vea." 

Quizás el mayor tormento para el criminal sea la interminable espera que empieza a partir del momento en que se dicta la sentencia. En cada fase de apelación, su ánimo oscila entre el deseo de vivir con esperanza y la necesidad de prepararse para una muerte inminente. "No hay forma de planear nada porque no sabemos qué va a pasar. Esperás y esperás y pensás en eso cada día", afirma uno de los 3.214 condenados a la pena capital que esperan su turno en los Estados Unidos. Algunos caen en una depresión tan grande que desisten de las apelaciones y prefieren someterse a la ejecución, en una especie de suicidio.

"Ojo por ojo y el mundo acabará ciego" 

Hace un tiempo, en el programa de televisión Zoo entrevistaron a Robert West, un condenado a muerte por el asesinato de una mujer. Cuando le preguntaron si pensaba que el castigo que iba a recibir era el correcto, West hizo una distinción entre el hombre que había sido cuando cometió el homicidio y el actual: "El hombre que soy hoy sabe cuán preciosa y sagrada es una vida -aclaró. Y sé que está mal matar a alguien en cualquier circunstancia". "¿Están matando al hombre equivocado?", inquirió el periodista. "Están matando a un hombre distinto, sin ninguna duda", respondió West. 

"Ojo por ojo y el mundo acabará ciego", dijo Mahatma Gandhi. Más allá de que uno esté en favor o en contra de la pena de muerte, nadie puede soslayar el riesgo de que semejante castigo caiga sobre un inocente. En Japón, Sakae Menda fue condenado a muerte en 1950 por un asesinato. Durante más de tres décadas vivió con la perspectiva de su ejecución. Cinco veces solicitó un nuevo juicio antes de que su petición fuese atendida en 1979. Inicialmente Menda se había confesado autor del crimen, pero luego se retractó. Más adelante se pusieron en duda las pruebas en su contra aportadas en el primer juicio y se presentó una coartada para el momento del asesinato. Finalmente, en 1983, Menda fue declarado inocente y salió en libertad. 

No todos tienen esa suerte. Se considera que unos trescientos cincuenta inocentes fueron sentenciados a muerte en los Estados Unidos entre 1900 y 1985. "La condena de un inocente a la pena capital es una de las más graves derrotas de la justicia penal -dice Amnistía-, porque se consuma un homicidio legal por parte del Estado: es una falla irreversible." Quienes rechazan esta postura, opinan que vale la pena afrontar ese riesgo en beneficio de la seguridad pública. ¿Acaso porque hay accidentes de avión o de auto -comparan- vamos a prescindir de esos medios de transporte que nos resultan tan útiles? 

Muchos juristas insisten en que aun el culpable del crimen más horrendo merece un trato humano, porque esta actitud acrecienta el respeto por la dignidad de la persona y hace que la sociedad sea mejor. "Justamente porque valoro tanto la vida humana -retruca el periodista estadounidense Mike Royko- es que defiendo la pena de muerte. El homicidio es el peor de los crímenes: castigarlo con algo menos que la pena capital es un insulto a la víctima. Significa que no valoramos lo suficiente su vida." 

Pero ese razonamiento no convence a los abolicionistas: "Al llevar a cabo la ejecución de una persona -afirma la comisión irlandesa de la organización Justicia y Paz- desechamos irrevocablemente toda posibilidad, por muy remota que sea, de un arrepentimiento, de una conversión o una reconciliación posterior; excluimos definitivamente la posibilidad de una evolución moral y del desarrollo de una conciencia" •

Texto: Jorge Carlos Fritzsche


Imprimir | la reproducción de las notas solo se hace a modo ilustrativo. Los derechos de la mismas pertenecen a la revista Nueva | Publicado el domingo 02 - 11  - 1997